Las Crucitas: Una Obsoleta Dicotomía y Una Oportunidad de Reforma Jurídica.
Por Bernardo Aguilar Costa Rica
La discusión sobre el impacto socio-ambiental del proyecto minero de Las Crucitas ha caído a un nivel preocupante. Por una parte, al público costarricense se le ha bombardeado con una serie de argumentos “efectistas” que pretenden una resolución en el nivel de la opinión pública. Por otra, se ha rescatado una falsa dicotomía que evoca las discusiones del siglo pasado: “ambientalismo o desarrollo”.
Preocupan ambas tendencias por sus consecuencias inmediatas, y, aún más, por sus consecuencias a futuro. Lo cierto es que una discusión más madura nos podría llevar hasta a necesarias propuestas de reforma jurídica.
La primera tendencia preocupa pues hay conceptos sobresimplificados que se están reviviendo en el nivel del discurso público que la madurez del ordenamiento jurídico costarricense parecía haber superado. Por ejemplo, ya desde la significativa reforma jurídico-ambiental de los años 90 (con la creación de la Ley Orgánica del Ambiente, la adopción en el país del desarrollo sostenible como política oficial, la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y otros cuerpos significativos), se había recogido la sabiduría del trabajo de científicos ambientales como el del Dr. Ed Grumbine (pionero del concepto del manejo de ecosistemas completos), adoptándose un enfoque que buscaba conceptualizar al bosque como algo más que una simple colección de árboles. Grumbine lo conceptualiza como una serie de relaciones e interacciones entre diversas especies de plantas y animales necesarios e indispensables en tanto dependientes los unos de los otros. Asimismo, este concepto ve al bosque como un ecosistema abierto y dinámico con miles de interacciones con los sistemas socio-ecológicos que lo rodean. Esta noción fundamental ha permeado en el desarrollo ambientalista costarricense con claridad en el trabajo de científicos, instituciones y organizaciones ciudadanas. Hoy día se está hablando en esta discusión de “árboles” y de “área de bosque” en un sentido estricto y obsoleto con el fin de justificar la legalidad de las acciones de funcionarios y empresa inversionista.
Por otra parte, se esgrime argumentación a favor y en contra del proyecto hablando en forma separada del estudio de impacto ambiental y del costo-beneficio. Esta perspectiva sugiere la vieja dicotomía entre desarrollo y ambientalismo. Implícitamente se refuerza esta dicotomía cuando se citan en la prensa proyectos de minería aceptados por naciones vecinas. Costa Rica tiene una reputación de “república verde” porque hemos logrado convencer al mundo de que las ideas de grandes científicos y pensadores han permeado en nuestra sociedad. Al abrazar la noción de desarrollo sostenible nos hemos comprometido a un proceso de autocrítica que implica no seguir patrones de desarrollo tradicional con unas simples pinceladas de verde. Si el crecimiento no es sostenible, es crecimiento antieconómico, ha señalado el distinguido y preclaro economista ecológico Herman Daly. En última instancia y con el pasar de los años, ello es cierto en tanto las comunidades que aparentemente se benefician al corto plazo ven disminuida su calidad de vida, dependiente de los servicios ambientales provenientes de los ecosistemas que se dañan. Por ello, si hacemos un análisis de costo-beneficio hoy día, este debe incluir la valoración de los servicios ambientales y de cualquier otra “externalidad” pertinente como lo sugiere el trabajo de muchos distinguidos científicos en esta área tanto nacionales como extranjeros y como ha sido adoptado por los principales centros que tratan del ambiente y sus políticas en nuestro país. Ello ha sido interiorizado así gracias a nuestra legislación ambiental por el Orientador Conceptual para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Sin embargo, las metodologías novedosas de hoy día nos dan la oportunidad de enriquecer aun más estos procesos de evaluación. Vale la pena considerar la opción de integrar a los procesos de evaluación de impacto más que la valoración de las externalidades como parte del costo-beneficio al lado de indicadores biofísicos, aspectos cualitativos de multicriterio que ayuden a dilucidar y ordenar las preferencias de las partes interesadas que intervienen en este conflicto ambiental. En esta área hay ya considerable desarrollo y experiencia internacional que estamos aplicando en Costa Rica producto del trabajo tesonero de distinguidos científicos como Giuseppe Munda y Joan Martínez-Alier. Esta experiencia puede provocar una reforma legislativa que no sólo garantizaría una mejor evaluación de parte de la SETENA, sino que una discusión pública más informada y menos efectista.
Llamar la atención sobre estos puntos tiene como objetivo convocar a los sectores involucrados a una discusión que rinda frutos formativos y constructivos para la opinión pública costarricense y que, en última instancia, resulte no sólo en una resolución de este asunto. Parece necesario repasar algunos de los parámetros sustantivos y de aplicación de nuestra normativa ambiental con el fin de modernizarlos y tornarlos en una fuerza efectiva en apoyo del desarrollo sostenible. La Fundación Netrópica está comprometida con el apoyo a este proceso de vital importancia nacional y mundial.
Artículo elaborado por Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo
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