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Presupuesto, ambiente y política fiscal

Los temas del presupuesto nacional y la discusión del proyecto de paquete fiscal han tenido poca participación del sector ambiental del país y lo cierto es que es un asunto de trascendentales implicaciones. En otras latitudes está teniendo fuertes consecuencias para las posibilidades de implementación de políticas públicas ambientales.

Por Bernardo Aguilar

Muchos de los elementos de la discusión son semejantes entre lo que sucede hoy en los EEUU y en Costa Rica. Así, la bancada republicana dentro del congreso estadounidense centra su crítica a la política económica federal de la administración Obama en la reducción del gasto público y la no imposición de nuevos impuestos. Esto al lado de una fuerte crítica por el nivel de endeudamiento del país originado en el déficit fiscal.

El presidente por su parte intenta reactivar la alicaída economía de su país mediante programas que dependen de la posibilidad de nuevos ingresos fiscales. Incluso, algunos de los actores que buscan influenciar la discusión coinciden. Así por ejemplo, el Instituto Cato, tanque de pensamiento defensor de las ideas de la Escuela Económica Austriaca, ha criticado con esa línea de análisis tanto las políticas económicas de la administración demócrata en Washington, como la propuesta de reforma fiscal en Costa Rica.

En términos relativos todos los programas gubernamentales de protección a los recursos naturales en los EEUU abarcan el 1.12% del presupuesto, mientras que el presupuesto de defensa abarca el 20% y el pago de intereses al servicio neto de la deuda gubernamental un 6.31%. Dentro de los recortes presupuestarios propuestos por la fracción republicana ha estado una reducción de cerca de un 20% del presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental. Entre otros, buscan reducir los fondos para programas de cambio climático en un 22% ($83 millones).

¿Gasto o inversión? Estas propuestas parecen carecer de una adecuada priorización de los beneficios que trae al país el sector y de una distinción apropiada de lo que significa el gasto frente a lo que constituye inversión social. El análisis comparativo de la realidad costarricense resulta relevante.

En términos de los egresos el proyecto de presupuesto nacional estipula aproximadamente $78 millones para todas las tareas del Ministerio del Ambiente ($29.2 millones para el SINAC y $24.8 millones para FONAFIFO los dos pilares de los instrumentos de conservación pública del país). Este presupuesto representa solo el 0.67% del presupuesto nacional propuesto. Asimismo, la carga de empleo de este Ministerio es solamente un 0.38% del total de empleados públicos. MINAET se plantea un crecimiento casi inexistente en sus plazas y presupuesto con relación al año anterior.

Esta relación de egresos indica que este importante sector para la imagen verde que nuestro país promociona se desempeña a un costo relativamente bajo. Compárese que solo en servicio de intereses de deuda interna se planean egresos de $902 millones. La relación entre esa imagen verde y el turismo en el país es innegable. Esta actividad genera cerca de $2.000 millones anuales contribuyendo alrededor de un 7% del PIB, un 23% de las divisas por exportaciones y cerca de un 13% de los empleos directos e indirectos. *Según estudios de b>CINPE*, $935 millones anuales son atribuibles directamente a los Parques Nacionales y Reservas Biológicas. El total de beneficios socioeconómicos anuales (turismo, generación hidroeléctrica, empleo, entradas a los parques, recursos para la conservación, compra de tierras y pagos por servicios ambientales) suman $1.358 millones. El rédito para el país se puede estimar en un 5% del PIB del 2009.

Inversión trascendental. Ahora bien, los Parques Nacionales y Reservas Biológicas cubren solamente el 12,2% del territorio nacional. El resto del 25% que publicitamos al mundo se encuentra en otros modelos como Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Humedales. Los servicios ambientales que generan estos pasan muchas veces inadvertidos. *El proyecto b>ECOTICOS* estimó que el Humedal Térraba-Sierpe genera servicios de hasta $143.000 por hectárea por año. En el caso de estos modelos de conservación la retribución fiscal es muchísimo más limitada en razón de que no son modelos estrictos y tienen un manejo limitado de parte del MINAET. Sin embargo, contribuyen con servicios como la prevención de inundaciones y una eficientísima regulación de gases de efecto invernadero.

Es justo entonces, a la luz de las discusiones sobre el presupuesto y el paquete fiscal, reconocer que nos encontramos con un área trascendental de inversión social que genera réditos tangibles y significativos para el país operando en el sector público a un costo relativamente bajo. Tan bajo y trascedente es el sector que hasta provoca preguntarse, dada la situación de recortes y falta de recursos que ha denunciado el Tribunal Ambiental Administrativo, si no hará falta aumentar la inversión con el fin de mejorar el cumplimiento de nuestras leyes ambientales conforme frecuentemente lo demandamos las organizaciones ambientalistas.

Este artículo fue publicado en Página Abierta.

Fotografía Isla del Caño: www.decoraldestinos.com

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Fecha: 1 de noviembre de 2011 a las 06:11

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